En una votación dividida el oficialismo obtuvo los 5 votos necesarios (mayoría agravada) para la convocatoria el próximo año a una Convención Constituyente Municipal que reforme la Carta Orgánica de la ciudad de Ushuaia.

La iniciativa responde a un proyecto elaborado en 2018 y presentado por el actual presidente del cuerpo legislativo, concejal Juan Carlos Pino, con modificaciones que prevén la revisión de 105 artículos.

La moción fue ingresada a través del reglamento interno, fuera del orden del día, y declara la imperiosa necesidad de que la redacción de la Carta Orgánica Municipal incorpore en su texto “perspectiva y equidad de género”.

A partir de aprobada esta norma el Municipio deberá convocar a elección de los convencionales constituyentes, quienes prestarán sus funciones ad honorem, a partir de los 180 días de la promulgación de la misma. Además, autoriza a imputar la partida presupuestaria correspondiente a efecto de cubrir el gasto de funcionamiento de la convención.

Entre alguno de los puntos que propone la reforma, se aborda el régimen electoral y constitución de partidos políticos; la aplicación de la obligación del estudio previo de impacto ambiental a los proyectos de obras municipales; modificar la cantidad de concejales con motivo del aumento de la población en la ciudad; mecanismos para la designación del defensor del vecino; duración de las autoridades de la Sindicatura y del Juzgado de Faltas; sistema de contrataciones; duración y reelección del Intendente municipal; período de sesiones ordinarias y quórum para sesionar; planificación territorial, hábitat y tierras fiscales; empréstitos y presupuesto participativo; entre otros.

Todos estos elementos fueron esgrimidos en pos de la necesidad de una reforma de la Carta que lleva 20 años de antigüedad, pero el efecto político y más fuerte es que la gestión de Walter Vuoto y de los mismos concejales, se tomarían como un primer período bajo el imperio de la nueva normativa.

Estos los habilitaría en 2023 a presentarse a una nueva reelección.

La ordenanza fue aprobada por votos de los concejales, el presidente Juan Carlos Pino, Laura Ávila, Mariana Oviedo, Gabriel De la Vega y Juan Manuel Romano. Por la negativa votaron los concejales Ricardo Garramuño y Javier Branca.

Quienes votaron en contra de la iniciativa fundamentaron que la reforma sería “ilegal” ya que “viola la Carta Orgánica vigente”, mientras que cuestionaron la imputación del gasto “a la partida que se estime correspondiente”, por lo que sostuvieron que “viola el sentido de transparencia”.

“No se convocó a los concejales de la oposición para estudiar el proyecto”, puntualizó Garramuño.

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