La ratificación surgió luego que se conocieran nuevos fallos tomados por la justicia federal en el partido bonaerense de Tres de Febrero -en contra del aumento en la tarifa de luz- y en la ciudad de Bariloche -en contra de la suba del gas-. Estos fallos se suman a otras medidas similares tomadas en las provincias de Santa Cruz y Chubut, en ambos casos contrarios a los aumentos en la tarifa de gas.

En las oficinas gubernamentales hasta esta noche sólo se había recibido la notificación de uno de los fallos -el dispuesto por la Justifica Federal de San Martín- sobre un total de entre cuatro y ocho amparos conocidos, pero “más allá de los fundamentos de cada caso la decisión es apelar hasta donde lleguen las instancias y defender ante la justicia las razones que obligan a aplicar los incrementos tarifarios”, explicó una fuente oficial citada por la agencia Télam.

Entre los puntos comunes que el Gobierno va tomando nota de los amparos, se menciona la aplicación de los magistrados del Artículo 42 de la Constitución Nacional referido a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos de consumidores y usuarios, así como el cuestionamiento por la falta de audiencias públicas pata la definición de los incrementos de los cuadros tarifarios.

“Las apelaciones que se vayan decidiendo van a reafirmar la necesidad de cubrir los costos de la generación de electricidad y de la producción de gas”, explicó la fuente al reseñar la situación de demanda y producción energética que atraviesa el país y que “lejos de aliviarse se fue incrementando en la última década”.

La idea del Gobierno nacional es “apelar todos los fallos para evitar repetir la experiencia de 2014 cuando una sucesión de amparos a los incrementos de servicios de entonces exceptuó de los nuevos cuadros tarifarios a toda la Patagonia, a la provincia de Santa Fe, al interior bonaerense y aparte de Mendoza, que lo único que permitió fue incrementar la disparidad de tarifas”.

“Quince años sin aumentos de luz provocaron que determinadas provincias hoy reciban incrementos del 2.000 por ciento, porque el anterior incremento no lo pagaron”, explicó la fuente consultada al insistir en que cada vez se debe importar más recursos energéticos por la falta de actualización de los precios que se le pagan a los productores.

En paralelo a las medidas judiciales, el Gobierno confía en la mesa de negociación abierta con los mandatarios provinciales, y en las que no se descartan que se puedan acordar nuevas soluciones en las reuniones acordadas para las próximas semanas.

“La negociación está abierta”, aseveró la fuente tras el encuentro que mantuvieron el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y su par de Energía, Juan José Aranguren, donde se propuso discutir regionalmente los incrementos para atender las particularidades de cada provincia.