La Inspección General de Justicia realizó ayer una inspección en el edificio del barrio CAP donde se produjo la violenta pelea del fin de semana. Es que el centro cultural que fue cedido a la asociación civil “La Mateada” buscaba como fin contener culturalmente a los jóvenes de la zona y “no ser alquilado para fiestas privadas”.

Tras los hechos de violencia que se vivieron el último sábado en las instalaciones de la Asociación “La Mateada, ubicada en calle Minkyol 175 de la margen sur, personal de la Inspección General de Justicia (IGJ) se acercó este lunes a recorrer las instalaciones del lugar para recolectar documentación y dialogar con las autoridades.

La inspectora de la IGJ, la Dra. Gabriela Masset, comentó que la visita en medio de numerosas especulaciones políticas es con el fin de “la fiscalización de todas las entidades sin fines de lucro, vinimos a efectuar la inspección”.

Además, señaló que “requerimos una serie de documentación y dialogamos con personas encargadas de dicha asociación. Entre ellas un pariente de Javier Calisaya, funcionario de la Municipalidad de Río Grande”, en relación al funcionario que es referente del partido Nuevo Encuentro, del cual se desprende esta asociación civil “La Mateada”.

Asimismo el ministro de Gobierno, José Luis Álvarez, se refirió a los hechos ocurridos, acotando que “el Gobierno provincial dio en comodato el lugar y nadie se quiere hacer responsable de la situación. Aquí había que verificar y controlar que estos espacios se utilicen para lo que son, un espacio cultural”.

En tal sentido, aclaró que “el objeto social del convenio era para contener a los niños del barrio, no para que lo alquilen para fiestas privadas. Nuestra intención es rescindirlo viendo que las autoridades de la Asociación no pueden garantizar que se use pacíficamente”, anunció.

Álvarez advirtió también que “los responsables deberán pagar los daños al inmueble” señalando que no es la primera vez que tuvimos inconvenientes con este inmueble ya que anteriormente hubo venta de alcohol a menores”, en un hecho que ocurrió cuando Calisaya era funcionario provincial el año pasado

Finalmente remarcó que “en vez de decir que la situación tenía de fondo un tinte político, debería preocuparse por justificar para qué está usando el inmueble porque de cultura tiene poco”, atacó Alvarez al actual funcionario municipal.




Compartir