La empresa de seguridad, DNZT, comunicó “hechos de corrupción interna denunciados ante el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda”, asegurando que “hemos sufrido una persecución injustificada y desmedida, la cual mediante resoluciones acusatorias infundadas han terminado por rescindir unilateralmente el contrato de locación de servicios de seguridad y vigilancia”.
Con esta medida el titular de la empresa, Martín Dunezat, denunció la baja de 40 puestos laborales del IPV, aseverando que “el contrato celebrado oportunamente para proteger los bienes del organismo fue dado de baja sin justificación alguna, y obliga a nuestra empresa a prescindir de los servicios que brindan 40 empleados en dichas instalaciones, dado lo cual y a sabiendas que esta situación no es conocida por la gobernadora de la Provincia, sino producto de malos manejos realizados por funcionarios intrascendentes, le solicitamos una audiencia para que tome conocimiento de la realidad de los hechos”.
Desde esta empresa de seguridad apuntan al manejas del ente habitacional provincial y solicitan “se pueda mandar llevar adelante las investigaciones pertinentes para que este prestigioso Instituto no se vea manchado por funcionarios corruptos”, aseguran respecto de la rescisión de este contrato de servicios.