Tres días antes de entrar en receso, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia resolvió a favor de la declaración de certeza presentada por la AREF por el cobro del Impuesto inmobiliario, que históricamente cobran las municipalidades.

Cabe recordar que el Gobierno de Tierra del Fuego decidió quedarse con el impuesto que cobran las municipalidades, por lo que envió un proyecto a la Legislatura, el que fue aprobado por los Legisladores en la polémica sesión llevada adelante el 8 y 9 de enero de 2016, cuando además aceptaron la conformación del Fondo Solidario y Social.

Desde los municipios de Ushuaia y Río Grande plantearon su malestar y advirtieron el impacto en las finanzas municipales sería muy grande, sumado a la pérdida de autonomía.

Ante esta disputa, desde el Gobierno se decidió no abrir instancias de diálogo y acudir al ámbito judicial. De manera paralela los Legisladores convocaron a los municipios, pero decidieron no avanzar en la modificación de la polémica Ley que había aprobado previamente.

Si bien el tema está judicializado desde el año pasado, este martes emitieron su decisión, donde se plantea “hacer lugar a la acción declarativa de certeza promovida por la Agencia de Recaudación Fueguina, declarando que la Provincia de Tierra del Fuego resulta titular de las potestades constitucionales que determinaron el dictado de la ley 1075”…

La resolución además considera que “se encuentra ajustada a derecho la decisión de retornar su atribución con las facultades que le resultan inherentes respecto al impuesto inmobiliario sobre todos los inmuebles”… en la provincia.

Desde el Ejecutivo municipal en Río Grande se conoció la información esta tarde de martes, aunque fuentes consultadas aseguraron que la resolución será apelada. “Estamos hablando de la defensa de la autonomía municipal y no vamos a claudicar lo vamos a llevar a todos los estrados judiciales nacionales e internacionales, si es necesario”, indicó la fuente.




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