El Ministerio de Seguridad, de Interior y Justicia; la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Cancillería decidieron  aplicar nuevos mecanismos de control migratorio.

Desde el Gobierno expresaron a Infobae que hasta ahora hay 9 provincias interesadas en darle mayor énfasis a esta medida. Estas son: la CABA, Buenos Aires, Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza y Tierra del Fuego. Estos distritos están dispuestos a intercambiar información y a capacitar a sus fiscales para ajustar los mecanismos del decreto migratorio. Desde la Nación se quiere establecer una suerte de base nacional de datos de reincidentes extranjeros para tener un sistema de alerta y ejecutar las medidas de expulsión automática.

Desde la Dirección de Migraciones junto con la AFI y el Ministerio de Seguridad acordaron con empresas aéreas extranjeras la instrumentación de un sistema de control anticipado de pasajeros mucho más rígido que el que funciona actualmente y que estará focalizado en países de Medio Oriente y de América Latina.

Este sistema que convino el gobierno con las compañías de aviación de países latinoamericanos y de Medio Oriente permitirá hacer un rastreo de los pasajeros que viajen a la Argentina no solo con 24 horas de antelación sino también de todas las escalas y hojas de ruta que hicieron.

Hasta ahora solo se podía conocer la identidad de quienes venían a la Argentina con 24 horas de antelación. Ahora se sabrá la ruta que muchos de esos pasajeros hicieron antes de embarcar para Buenos Aires y los lugares por los que pasaron. Esta información se cruzará con Interpol, la AFI y Migraciones para sacar un perfil de los pasajeros sospechosos.

En cuanto a los extranjeros que viven en País, el año pasado Macri emitió un decreto por el cual se podrá expulsar automáticamente a los extranjeros con causas penales y reincidencias en el país.

A la vez, la norma estableció que si un extranjero tiene condena o está cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tiene antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina una pena privativa de la libertad de tres años o más no podrá ingresar al país.




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