Es por la investigación que se realiza en el marco de las diversas estafas que se habrían producido a través de la venta de viviendas a personas que no eran afiliados a ATE. La audiencia ante

Si bien Carlos Córdoba fue quien en un principio denunció la irregularidad, ahora es investigado ya que avanzada la causa, se presume que Córdoba estaría al tanto de la maniobra defraudatoria.

El Juzgado de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Sur, a cargo del Doctor Javier De Gamas Soler, citó a indagatoria a 11 imputados en la causa caratulada “Arana, Miguel Ángel y Belbey, Alberto s/defraudación”.

El origen de la causa proviene de la construcción de parte del Instituto Provincial de la Vivienda, de 128 viviendas, destinadas a afiliados del Sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado, que se efectuaría con fondos del Programa Nacional “Techo Digno”, en terrenos cedidos por la Municipalidad de Ushuaia, en la urbanización Barrancas del Río Pipo.

 

El accionar del Secretario General de ATE
Ante el incumplimiento de la entrega del inmueble, dos de los damnificados acudieron al Secretario General de ATE, Carlos Córdoba, a reclamarle por la falta de entrega de las viviendas, por lo que “no podía desconocer la maniobra cuya cara visible resultaba Arana”, expuso el funcionario del Ministerio Público Fiscal, en su dictamen.

El propio dirigente, insistió en reuniones con la Presidencia del IPV y en notas dirigidas al Ministro de Gobierno, la incorporación al listado de 7 personas, ajenas al gremio. “Se corroboró la activa participación de Córdoba en los hechos que se imputan, a partir de conversaciones entre éste y Belbey, donde le refería ‘no me trajiste verdes’, en relación a plata extranjera”, describió Arias.

Para el Fiscal, la intervención de Córdoba en las maniobras defraudatorias, en su condición de Secretario General de ATE, debe considerarse porque “quebrantó la confianza” de los afiliados. Y más bien, “debía administrar en resguardo y para el interés exclusivo de los trabajadores del sindicato que representa”, señala.

Por su parte, según reza el escrito, Miguel Ángel Arana fue señalado como quien “se presentaba al cobro de las sumas de dinero entregadas por los damnificados, ya sea a través de pagos parciales o de una suma única, y a cuyo nombre se transfirieron todos los vehículos entregados como parte de pago”,

“Arana era el Vicepresidente de la Comisión de Vivienda de ATE, y en su intento por incorporar adjudicatarios que no pertenecían al gremio, también habría defraudado los intereses de los verdaderos afiliados con expectativas de recibir una unidad habitacional”, argumenta Arias.

Del detallado dictamen, se desprendió que Francisco Freire Acosta, habría ofrecido algunas de las viviendas sociales, haciendo uso de la agencia inmobiliaria de la cual es propietario, mientras que en el caso de Hugo Fabián Aguirre, en su calidad de agente inmobiliario, “se presume que conocía la situación de las viviendas y aún así, habría intermediado para su venta y recibo de dinero”.

Leandro Santillán Mulvihill y Omar Alberto Calquín, oficiaron de intermediarios en numerosos oportunidades, acercando a los interesados en acceder a las viviendas a la persona de Miguel Ángel Arana, recibiendo incluso pagos o bienes en su representación.

En el caso de Lilian Galli, para el Fiscal “no se puede descartar su activa participación en las gestiones para que se concrete la estafa, al menos respecto de una damnificada”, ya que en uno de los audios aportados ésta le manifiesta que “por no ser afiliada al gremio debían encontrarle otro marco legal y que lo estaba hablando con Córdoba”.

Por último, respecto de Daniel Alberto Belbey, su intervención se vio acotada por una única intermediación y percepción de sumas de dinero de parte de uno de los denunciantes.

 

 

 

Fuente: JCA Noticias