Hoy se reunió el Consejo de la Magistratura en la ciudad de Ushuaia a poco más de 48 horas de que ingresara el oficio judicial respecto de la causa judicial contra el juez de instrucción de Río Grande, Daniel Cesari Hernández, por abuso de autoridad.
Conforme establece el artículo 10 de la ley 525, el presidente del órgano, el juez del Superior Tribunal de Justicia Ernesto Loffler; remitió al resto de los consejeros un informe a sobre cerrado donde recomienda iniciar actuaciones sumariales en torno a los hechos que se investigan por la vía penal.
Los consejeros que ya tienen en su poder el informe elaborado por Loffler volverán a encontrarse en 10 días para definir si se da continuidad a esta investigación sumaria; ante lo cual las actuaciones serán giradas al único consejero que de momento se mantiene apartado del tema, el representante de los abogados de Río Grande, el Dr. Abdo González Saber, quien actúa como Fiscal Acusador.
En caso que el resto de los consejeros den curso libre a la investigación sumaria, allí recién el Fiscal Acusador tomará el caso y deberá resolver si se implementa un jury de enjuiciamiento contra Cesari.
Investigación judicial condicionada a partir de la próxima semana
Cesari por el momento se mantiene en funciones y recién a partir de confirmarse un proceso de jury por parte del Fiscal Acusador, podría ser apartado de manera preventiva de su juzgado.
Esta dilatación en los plazos mantiene a Cesari en el cargo y a la investigación penal de sus conductas seriamente condicionada, ante la imposibilidad de tomar testimonio a los empleados de su juzgado que se ven en un compromiso en la eventualidad de declarar en contra del juez que tienen como jefe directo.
A la par de esta imposibilidad de producir esa prueba, el próximo lunes vencen los 10 días del secreto de sumario impuesto por la jueza Cecilia Cataldo, ante lo cual la defensa de Cesari podrá tener acceso a la causa y a su prueba producida.
Allí Cesari tomará conocimiento de todas las declaraciones testimoniales recolectadas de ex empleados de su juzgado, en relación a malos tratos y “abuso de autoridad”.