La denuncia es realizada por un ex empleado de la Cooperativa con patrocinio legal que lo llevó a realizar la presentación ante el Juzgado Federal de Río Grande, aduce diversos desmanejos de dinero en la entidad planteando la gravedad del hecho en razón de tratarse de un prestador de un “servicio esencial para la comunidad”.

En la presentación se apunta al presidente de la entidad Santiago Barientos, el vicepresidente Segundo Santana y al contador Ezequiel Krok, planteando la posible comisión de delitos de malversación, defraudación y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones. Incluso la denuncia infiere hasta la posibilidad de la figura de la “asociación ilícita” y va mucho mas allá llegando a plantear increíblemente la distribución de estupefacientes puertas adentro de la misma Cooperativa, aunque aclara que ello no forma parte de la denuncia.

La denuncia repara en que actualmente se realiza una auditoría por parte del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), pero incluso cuestiona la transparencia de la misma aunque sin aportar mayores detalles al respecto.

Acto seguido la denuncia procede a detallar una serie de contrataciones con empresas de los diversos rubros, indicando “sobreprecios” o incluso deslizando la posibilidad de “retornos”, así como convenios con grandes firmas locales como la fábrica Río Chico con “descuentos” en la tarifa, o el caso de la prestadora de videocable e internet TV Fuego respecto del cánon que se paga por el uso de la infraestructura del tendido eléctrico para dichos servicios.

La denuncia no fundamenta la decisión del denunciante de apelar a la Justicia Federal para dicha presentación, por lo que no sería de sorprender que en las próximas horas el fuero federal se declare incompetente, dado que los delitos descriptos obedecen a la órbita provincial. Asimismo también el contralor de la actividad de la Cooperativa corresponde al orden provincial, a través de lo que es IGJ (Inspección General de Justicia) por lo que sería de sorprender la continuidad de la investigación en el fuero nacional.

La denuncia se encuentra en análisis en la Fiscalía Federal que en el sistema acusatorio que impera en ese fuero, sería la que debe impulsar todas las medidas de prueba solicitadas por el denunciante, dado que el aporte probatorio sobre las contrataciones cuestionadas es casi nulo. Ante ello debería ser la Justicia quien impulse esa producción probatorio.

Por estas horas la cuestión a definir es si la acción será Federal o bien se derivará a la Justicia Provincial.