La Cámara de Diputados lleva a cabo una sesión clave que pondrá al Gobierno de Javier Milei frente a una agenda de fuerte impacto social y fiscal. En medio de tensiones con los gobernadores por la distribución de fondos y tras los cierres de listas provinciales, el oficialismo enfrenta la posibilidad de que se rechacen los vetos presidenciales a leyes con amplio respaldo opositor.
La primera en debate será la emergencia en discapacidad, que prevé un aumento de pensiones y la actualización automática por inflación de las prestaciones profesionales, con un costo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre 0,22% y 0,42% del PBI.
El temario incluye además la suba del 7,2% en jubilaciones y pensiones, junto con un aumento del bono mensual de $70.000 a $110.000, también con actualización por inflación.
Estas medidas, calculadas en un gasto equivalente al 0,7% del PBI, fueron vetadas por Milei y dividen el escenario político, con la UCR y los gobernadores como actores decisivos.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó la sesión al señalar que los proyectos carecen de dictamen de comisión y demandan recursos inexistentes, advirtiendo que aprobarlos implicaría forzar al Gobierno a emitir dinero, una política que –afirmó– la administración descartó desde el inicio de su gestión.