A través de la Acordada 02/2026, los jueces del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Dres. María del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo Sagastume, Javier Darío Muchnik y Edith Miriam Cristiano, dispusieron una serie de medidas de «contención y racionalización del gasto» de carácter urgente.
Esto a partir de la reconducción del presupuesto 2025 con una reducción sustancial de los créditos solicitados por el Poder Judicial en alrededor de un 14%.
La reconducción presupuestaria implica una disminución aproximada del 14% de los recursos que el Poder Judicial había proyectado para este año. Ante esta situación, las autoridades judiciales advirtieron que la capacidad operativa y administrativa del órgano se encuentra directamente afectada, lo que obliga a priorizar únicamente las funciones esenciales para asegurar el acceso a la justicia.
La Acordada establece restricciones estrictas en diversas áreas de la administración judicial, suspendiendo más contratación de personal y concursos, postergándose una vez más evidentemente la implementación de los juzgados de Familia y Civil 3 para el Distrito Judicial Norte, los cuales incluso ya tenían designados sus respectivos jueces por el Consejo de la Magistratura, los cuales continúan operando como defensores (el caso de los Dres. Sebastian Gasalla y la Dra. Rita Marchi).
En cuanto a infraestructura e insumos se frena la adquisición de equipamiento informático y se suspenden las nuevas locaciones de inmuebles, se prevé además recortes en traslados y viáticos, y se pide racionalizar el consumo de servicios.
El Tribunal aclaró que estas medidas son transitorias y que se evaluará su impacto cada 90 días.