Tras los anuncios económicos desde Nación resultó llamativo entre lunes y martes la llegada de operarios de fábricas a los distintos estudios jurídicos de la ciudad. Al menos un centenar de cartas documento fueron remitidas a distintas fábricas de la ciudad, intimando por la regularización de su situación laboral en relación a contratos PPD o a plazo fijo. Como efecto buscan ampararse en la doble indemnización que la ley prevé, a dos años en caso de despido, al momento de intimar a la patronal a regularizar una situación de vínculo laboral.

Los anuncios económicos del ministro de Economía de la Nación ni siquiera aún se han traducido en un proyecto de ley a tratar en el Congreso, cuando fue llamativa la instintiva reacción de al menos un centenar de operarios metalúrgicos fueguinos que se volcaron a estudios jurídicos de la ciudad de Río Grande a fin de realizar intimaciones a sus fábricas.

En las cartas documentos remitidas reclaman al amparo de la ley 24013 que ante la reiteración de contrato del tipo PPD o a plazo fijo, donde la empresa genera la eliminación de antigüedad en todo tipo de ítem, como el 1% más de básico sobre cada año de antigüedad; se tenga a bien regularizar su situación laboral.

Estas intimaciones, además de ajustarse a derecho, plantean que ese tipo de contrataciones “es una forma excepcional de contratación y se hace uso abusivo”, por lo que los trabajadores “reservan sus derechos ante el mal registro”, explicó el Dr. Cristian Rubio, de uno de los estudios más solicitados en este sentido.

En las misivas los trabajadores piden que se registre correctamente la relación laboral a fin de tutelar por sus puestos de trabajo, pero el efecto buscado es en el fondo otro, a juzgar por el factor que detonó esta ola de cartas documentos.

La incertidumbre que generaron los anuncios económicos de Nación sobre la continuidad productiva de las fábricas, lleva a que a partir de estas intimaciones los trabajadores quede cubiertos con la posibilidad de una “doble indemnización en caso de que sean despedidos dentro de los dos años de realizaba la intimación”, explicó el Dr. Rubio.

Asimismo el letrado también explicó que dentro del artículo 9 de la ley “si a partir de este tipo de contratos se registra mal la fecha de ingreso, el trabajador puede ir en demanda laboral por un cuarto de su actual remuneración por cada mes mal registrado, hasta subsanar su déficit”, detalló.