Se trata de dos casos de Ushuaia y otros dos de Río Grande que fueron exonerados de la administración pública mediante decretos que se emitieron en los últimos días. Certificados médicos adulterados y prolongadas ausencias a sus lugares de trabajo fueron los causales.
Las exoneraciones fueron firmadas por la legisladora Miriam Martínez a cargo del Poder Ejecutivo en forma temporal, en decretos refrendados por los ministro Leonardo Gorbacz en dos casos y la ministra de Desarrollo Social Paula Gargiulo en dos casos correspondientes a su cartera.
En Desarrollo Socia se procedió a dejar cesante a la agente de Ushuaia, Valeria Anabel Sánchez, categoría 10, por “faltas injustificadas a partir del 9 de agosto de 2010 al 10 de julio de 2013”, en un caso de casi tres años sin prestación laboral.
El segundo caso es en el Centro Infantil Integrado de Río Grande donde se cesanteó a la agente Vanesa Gisela Scipioni, categoría 10 de la administración central, por “las faltas injustificadas en las que incurriera en el periodo comprendido desde el 06/01/2014 al 23/11/2015”, en un caso de ausencia por un año y diez meses de su puesto de trabajo.
Finalmente otros dos casos de exoneración se registraron en el sector educativo; el primero en relación a la agente Miriam Graciela Bazán, personal Pomy del colegio Ernesto Sábato, por presunta adulteración de certificado médico para ausentarse los días 26, 27, 28 y 29 de mayo del 2009.
Los mismos fueron presentados ante la Dirección de Fiscalización Sanitaria de Ushuaia lo que se consideró falta grave y llevó a su exoneración.
El segundo caso fue el de Alejandra Graciela Colauti en Río Grande dependiente del ministerio de Educación, personal POMY de la escuela 44 de Río Grande, con certificados considerados adulterados en distintos días de los meses de febrero, marzo, abril y mayo del 2013, faltando cuatro días de esos meses.