El abogado Jorge Pintos explicó que la denuncia que propició el secretario general de ATE, Carlos Córdoba fue, “en virtud del conocimiento respecto a las maniobras que habrían realizado, Miguel Ángel Arana y Daniel Alberto Belbey. Maniobras defraudadorias contra particulares, pero tomando como cartel pal Sindicato”.
Estas dos personas, “eran los encargados de armar las carpetas con legajos de los posibles adjudicatarios y presentarlas ante el IPV, por lo que conocían la maniobra”, dijo en dialogo con Aire Libre FM.
El abogado explicó que se trata de un trámite administrativo que tiene un protocolo a seguir y que está controlado. En las caso de las personas defraudadas, “no cumplían con los requisitos del IPV como para poder ser adjudicatarios por esta operatoria”.
Pintos especuló que en esta maniobra, “creo que hay más de dos personas involucradas, porque tantos fondos que se podrían haber recibido, no aparecería como evidente en el patrimonio de ambos, pero sí de allegados”, por lo que explicó que, “será algo que deberá dilucidar la justicia”.
Las personas que habrían sido estafadas y que presentaron pruebas, fueron Zulma Arias y Gerardo de la Trinidad Arguello Villalobos, este último, “fue quien fue a ver a Carlos Córdoba para decirle que le había pagado 25.000 dólares a Arana y Belbey”.