La denuncia fue radicada en 2024 por la firma Controles del Sur, concesionario de la revisión técnica obligatoria en Río Grande del cual aparecieron obleas habilitantes en vehículos que no estaban en condiciones para circular.

La investigación, que fue reactivada por la querella que presentó esta empresa, derivó este lunes en una serie de allanamientos en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, incluyendo domicilios de ex empleados del taller responsable de esas obleas.

Controles de tránsito ya habían detectado obleas legítimas en vehículos que circulaban por la vía pública y no aparentaban estar en condiciones mecánicas para estar habilitados.

De esta manera se inició una investigación que determinó una red de personas que habían trabajado con anterioridad en la firma controles del sur y que Aparentemente continuarían con vinculaciones dentro de la firma para hacerse de las obleas.

Estas eran comercializadas por más del doble de su valor oficial siendo ofrecidas a conductores que poseían vehículos con imposibilidades mecánicas de pasar la revisión técnica.

La investigación encabezada por el juzgado de instrucción tres a cargo de la doctora Cecilia Cataldo ordenó 8 allanamientos: Irigoyen al 200, 25 de Mayo al 1200, Chorlo Ártico 19, Lago Fuego al 600, Pioneros Fueguinos al 900 e Intevu X, casa 61 de Río Grande.

En Tolhuin en un domicilio del barrio Campo de Doma, y en Ushuaia una vivienda ubicada en Alfonsina Storni al 2000.

En estos domicilios se incautaron equipos informáticos de telefonía celular y distintos elementos de prueba que serán sometidos a pericias a fin de determinar el alcance de esta red y sus maniobras que aún persistían en el tiempo a pesar de que los ex empleados involucrados ya fueron desvinculados de la firma hace tiempo.

En la causa quedaron siete personas notificadas de derechos y garantías, siendo un ex empleado de apellido Barría quien se sospecha encabezaría las maniobras. Asímismo entre los imputados hay también conductores que compraron esas obleas producto de estas maniobras ilegales.

De momento nadie quedó detenido siendo todos imputados del posible delito de «falsificación de instrumento público», y la investigación verá el alcance final de estas maniobras.