La realidad del sistema carcelario provincial, en el marco del proyecto de Ley de emergencia de la infraestructura de las unidades de detección, fue el tema central abordado por la comisión de Seguridad Nº 6, que preside la legisladora Natalia Gracianía.
Del encuentro participaron la vicegobernadora Mónica Urquiza, y el viceministro de Coordinación de Gabinete Jorge Canals, a cargo de las fuerzas de seguridad provinciales, una de ellas la penitenciaria.
En el articulado del proyecto, se busca resolver “el déficit del cupo penitenciario y la sobrepoblación en lugares de detención. Lograr que las personas privadas de libertad sean efectivamente sujetas a un tratamiento interdisciplinario de progresividad que le permita adquirir la capacidad de respetar y comprender la Ley”.
Además, el asunto tiene como finalidad que se afronten los “aspectos de construcción; edificación; refuncionalización, mejoramiento y ampliación de la infraestructura edilicia para inmuebles afectados al Servicio Penitenciario”.
Desde el Gobierno, Canals planteó que se trata de una problemática que afecta a todo el país, “porque tiene que ver con cuestiones vinculadas a los recursos. Hay una emergencia nacional, que se prorrogó hace dos meses”, reconoció.
“Creo que la Ley de emergencia es necesaria”, sostuvo y adelantó que en cuanto a soluciones a corto plazo, se pondrán en marcha dos nuevo anexos que sumarán 70 nuevos espacios, mientras se trabajará en perfeccionar el proyecto en comisión con una nueva convocatoria que incluya al Poder Judicial.