El singular caso es el de un empleado del IPV, Adolfo Martín, quien está inscripto con un legajo del 10 de mayo pasado, accedió a una preadjudicación fechada el 26 de mayo. Sobre esta solución habitacional récord, que se viralizó rápidamente por las redes sociales cosechando repudios y críticas de todo tipo; el Presidente del Instituto Provincial del Vivienda Luis Cárdenas, fue quien salió al cruce del escándalo, después de un amague inicial a defender la situación. Cárdenas explicó que existe una normativa establecida por el gobierno anterior que permite a los empleados del Instituto acceder a una vivienda con mayor rapidez que el resto de los postulantes, pero que la decisión de la actual gestión es “no avanzar” con esa metodología. La increíble respuesta responsabiliza a una administración anterior cuando la manifiesta “voluntad política” mediante el acto administrativo de pre adjudicación fue del actual Gobierno. Cárdenas justificó el “malestar de los vecinos” al conocerse el caso, pero aclaró que la vivienda “no fue adjudicada” al empleado, sino que se trataba de “una instancia de preadjudicación” pasible a impugnaciones, “a las que se darán curso”. Increíblemente desde Gobierno señalan que “esta noticia surgió desde el mismo IPV, porque nosotros tomamos la decisión de que todas las adjudicaciones de viviendas deben darse a conocer públicamente”, señaló Cárdenas en una administración que sigue sin destacarse precisamente en la transparencia de estos actos. ]]>