Las defensas, del intendente Melella y de las empresas constructoras, contraaatacaron hoy con sendas denuncias y pedido de recusación del Fiscal Mayor Guillermo Quadrini. El abogado de las empresas fue más allá y hasta apuntó al abogado querellante por “lavado de activos”.

Los abogados; del intendente el Dr. Francisco Ibarra y de las empresas constructoras Patagonia y Vaquera, el Dr. José Pellegrino; presentaron hoy ante el juez Raúl Sahade sendas denuncias contra el fiscal de la causa en la que se investigan presuntos abusos sexuales y defraudación en la obra pública municipal.

Acusación imprecisa

Ambas presentaciones apuntaron al rol del Fiscal Mayor Guillermo Quadrini, por dos causas; la primera es la imprecisión en sus acusaciones “formuladas de manera vaga imprecisa y genérica”, dijo el defensor de Melella, el Dr. Francisco Ibarra; mientras que el defensor de las empresas constructoras, el Dr. José Pellegrino, sostuvo, “no hay una sola descripción fáctica”, dijo respecto de lo que se considera delito.

El querellante cuestiona la acusación de Quadrini respecto de “un entramado de empresas con facturación apócrifa y obras simuladas que apuntaban al enriquecimiento de empresarios y familiares ligados al municipio”, sin que se precisaran obras, personas o hechos concretos, así como tampoco se precisó que perjuicio hubo al municipio.

Finalmente Pellegrino hace alusión “a que el fiscal imputa a Constructora Patagonia, Dapco, Zimentar, Luis Marino Vaquera, Soldasur, Hernán Meneses y Yolanda Meneses, Comunicaciones Fueguinas e Inicon S.A. de una cartelización de la obra pública municipal, pero luego dedica su propuesta probatoria solamente a investigar a la empresa Constructora Patagonia en una clara maniobra persecutoria a mis asistidos, ¿desestimando a los demás?”, se preguntó.

Prevaricato e incumplimiento de deberes

La segunda causa por la que apuntan al fiscal reside en la existencia de otra causa; la Nro. 26238 “Gimenez Francisco Javier s/denuncia” radicada en el otro juzgado de instrucción en 2016 por presuntas irregularidades en la obra pública municipal.

Allí se apuntó a la empresa Constructora Patagonia, la cual fue allanada por documentación de la cual nunca se tomó conocimiento, incluso el abogado de la empresa, el Dr. José Pellegrino, intimó hoy al juez de ese fuero, el Dr. Daniel Cesari, a fin de ser tomado como parte para conocer el contenido de la causa.

Lo increíble de esto es que el juzgado del Dr. Sahade hizo una certificación de la existencia de esa causa anterior, y puso en conocimiento de ello al Fiscal Mayor Quadrini, quien por otra parte debería estar en conocimiento ya que es fiscal también en aquella causa.

A pesar de ello, Quadrini continuó investigando en dos causas distintas los mismos hechos, lo cual procesalmente está prohibido y fue objetado por ambas partes que consideran la acción como “un fraude procesal”.

Finalmente apuntando a la “falta de objetividad” del Fiscal Mayor, la presentación del abogado Pellegrino, sostuvo que actúa en “mancomunión ilícita” con el querellante el Dr. Francisco Giménez, continuando con la existencia de una “estafa procesal”.

Pellegrino detalla en su denuncia que primero en 2016 denunciaron en un juzgado la obra pública del 2012 al 2016, y ahora en el juzgado del Dr. Sahade, vuelven a denunciar la obra pública apuntando contra la empresa Constructora Patagonia.

El abogado de la empresa es claro al señalar, “victimizan a una empresa hasta el paroxismo con un solo objetivo; dañar electoralmente a un candidato a la gobernación de la provincia”, en alusión al intendente Melella imputado en la causa.

Denuncia al querellante por “lavado de activos”

El abogado de la empresa asimismo solicitó un llamado de atención desde el Colegio de Abogados de Río Grande para con el abogado Francisco Giménez, por lo que consideró “una actitud temeraria”, a quien asimismo también denunció por “lavado de activos” en relación a la adquisición de un equipo de polo en la provincia de Buenos Aires.

Esta última denuncia fue enviada al fuero federal por “incompetencia del fuero provincial”, en una denuncia donde el abogado de las empresa desliza el armado de una sociedad dedicada a la actividad del polo y venta de ropa afín, de parte de Giménez, denominado “La Taqueada Polo S.A”.

El abogado de las empresas reclama la investigación patrimonial del abogado querellante y de “como se financia esta campaña y si esos fondos provienen del erario público”, aventurando demostrar “un estándar de vida que no se condice con los ingresos que como profesional puede lograr”.