El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó la creación del Sistema de Protección Administrativa de Denunciantes y Testigos, un nuevo régimen destinado a brindar amparo institucional a los integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad federales que realicen denuncias, actúen como testigos de hechos ilícitos o se nieguen a participar en ellos. También aplica para actos de corrupción o contra las reglas.
La Resolución 831/2025, que se publicó este martes en el Boletín Oficial, busca garantizar que no sufran represalias administrativas ni laborales por cumplir con su deber.
“Ya había sido implementada en la primera gestión de Patricia Bullrich como ministra, el gobierno siguiente le hizo modificaciones que la dejaron poco ejecutiva y ahora se vuelve a implementar”, explicó Carlos Manfroni, jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad Nacional, a Infobae.
La resolución designa como autoridad de aplicación a la Dirección Nacional de Integridad y Transparencia, que depende de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio. Su objetivo: “Fomentar la denuncia, investigación y sanción de irregularidades y delitos cometidos dentro de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”.
El sistema no contempla protección física, pero sí resguardo en el plano profesional y administrativo para los miembros de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.