Desde el juzgado Civil y Comercial 2 fueron contundentes en explicar que la primer medida cautelar interpuesta en junio pasado por la familia del menor de 7 años con síndrome de Down, fue rechazada en razón de que no se encontró vulnerado su derecho a la educación.
Se trata del caso del niño cuyo par pedagógico se desvinculó de la institución educativa, ante lo cual el María Auxiliadora aseguró que puso a su disposición otro reemplazo.
Los padres del menor aseguran que el niño no logra vincularse con este nuevo acompañante terapéutico, tomando ello como base del reclamo judicial que motivó la medida cautelar.
El juez Pablo Bossi rechazó aquella medida en razón de que el establecimiento presentó por escrito que si se garantizó su acceso a la educación con un nuevo par pedagógico, “se contrato un nuevo docente para el ciclo lectivo 2022. A partir del 16 de marzoi de 2022 el menor no concurrió al establecimiento por decisión de su familia. Que luego el 18 de abril de 2022 retornó a la escuela y que a partir del 23 de mayo volvió a ausentarse”, esgrimió la escuela.
La escuela manifestó que “intentaron mantener reuniones con los progenitores del menor y el 15 de junio se designó un nuevo par pedagógico”, ante lo cual el juez entendió que el acceso al derecho de educación fue garantizado por la parte demandada.
Incluso desde el juzgado se explicó que la abogada demandante, que representa a la familia del menor, tampoco pidió una audiencia extendida en la que se citara a la docente que ellos mismos requieren, la cual no es parte de la causa y el juzgado es completamente ajeno a las causas por las que fue desvinculada del colegio.
Esa sentencia en junio “no fue apelada” por la demanda de los padres del niño, por lo que quedó firme, y en agosto se volvió a presentar una nueva medida cautelar al respecto.
La respuesta desde el juzgado fue tajante; “la actora utiliza idénticos términos para insistir en la medida cautelar que oportunamente se rechazada”, “no aporta nuevos elementos de juicio” y que “pretende reeditar cuestiones ya resueltas afectando etapas precluidas del proceso”, respecto el juzgado en el segundo fallo contra la segunda cautelar.
Más allá de esto el juez Pablo Bozzi aseguró que se dejó abierta la instancia a la familia para apelar este segundo fallo, el cual si sigue en plazo de ser apelado, pero que la abogada demandante al día de hoy aún no cumplió con los requerimientos formales.