El Tribunal de Cuentas podría demandar civilmente a la víctima de trata Alika Kinán, por no justificar el destino de los 200 mil pesos que el Estado le dio en concepto de subsidio y por el cual estaba obligada justificar su uso, según informó en su edición de hoy el diario El Sureño. Rodrigo Guidi, representante de Kinan, explicó que “al hablar de un subsidio el Estado se desprende de la propiedad de ese dinero para ser parte del patrimonio del beneficiado, en términos jurídicos y legales no cabria la figura de rendición de cuentas porque ella no estaría administrando los 200 mil pesos que pertenecen al Estado si tiene que justificar en que se estaría utilizando” .
Guido diálogo en FM Centro y puntualizó que “el gobierno provincial le otorgó un subsidio de 200 mil pesos con la intencionalidad que se construya su vivienda en un predio que le adjudicó la Municipalidad, las dos situaciones, el subsidio por un lado y la adjudicación de un predio por el otro, tienen que ver las obligaciones internacionales que el Estado Argentino y por ende las provincias han asumido a partir de los tratados de protección los derechos humanos y detención como de prevención de trata de personas”.
“El terreno no fue regalado por la Municipalidad, se hizo el mismo procedimiento que se hace por la adjudicación de terreno a cualquier ciudadano” indicó el letrado y aclaró que “no es que se lo regaló si no que se le adjudica con un valor y se lo paga en cuotas, es un valor que pone la Municipalidad, lo está pagando actualmente con partes de los 200 mil pesos”.
Guidi remarcó que “en Ushuaia con 200 mil pesos de subsidio no se puede construir nada” por eso “lo que hizo Kinan tras recorrer empresas que se dedican a vender casas prefabricadas, contrató a una empresa de nombre Esperanza de la ciudad de Córdoba”.
En ese sentido el abogado detalló que “hizo una entrega de 80 mil pesos según lo establecido en el contrato y la empresa nunca cumplió con la documentación que exige la Municipalidad para habilitar el montaje de la casa, incluso hasta tomó intervención la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Córdoba”.
“En palabras sencillas fue estafada por esta firma, estamos iniciando un juicio para recuperar los 80 mil pesos entregados ya que no cumplió con la documentación exigida por la Municipalidad para habilitar la obra” aseveró el letrado.
Remarcó que “por una cuestión de procedimiento administrativo, el Ministerio de Desarrollo Social deriva la cuestión al Tribunal de Cuentas, donde presentamos toda la documentación y haciendo la aclaración que se debe, el órgano solicita un rendición de cuenta que es una figura jurídica que re cae sobre aquel que administra dinero ajeno”.
Para finalizar aseveró que “es una cuestión que se seguirá discutiendo judicialmente por la rendición de cuentas que sí no queda bien aclarada implicará un perjuicio fiscal pero como sostenemos que no se administró plata del Estado en este caso, no habría posibilidad de rendir cuentas”.