Para el próximo ejercicio, el Poder Ejecutivo propone la puesta en marcha de 80 programas, con 200 acciones a desplegar, desde los diversos Ministerios y Secretarías de Estado, por un total de 71.000 millones de pesos.

Destacándose 4 de ellos por sobre todos los demás: el Programa de Continuidad Pedagógica 2020/021 ($ 7.249 millones), el Programa de Red de Atención Sanitaria ($ 5.228 millones), el Programa de Seguridad Provincial ($ 3.264 millones) y el Programa Integral de Convergencia del GLP ($ 2.819 millones).

Desde Casa de Gobierno, se recordó que el proyecto presentado ha sido diseñado teniendo en cuenta fundamentalmente que la pandemia provocada por el virus COVID-19 tiene un impacto transversal, socioeconómico y ambiental, así como efectos en los derechos humanos, que obliga a recalcular cualquier plan de desarrollo sostenible, revaluar prioridades y reasignar recursos.

Es por ello que en esta oportunidad «el presupuesto más que nunca, antes que el Programa de un Gobierno, ha sido pensado como una herramienta de gestión al servicio de la defensa de la sociedad fueguina que contribuya a enfrentar de forma anticipada los desafíos para el año próximo».

En ese sentido, se remarca que la elaboración de este presupuesto ha tenido en cuenta una evaluación preventiva de las vulnerabilidades que podrían afectar a la situación de los derechos humanos de los habitantes de la Provincia, ante los efectos que se han venido diagnosticando ante este cuadro de emergencia, y que sin dudas requerirá de respuestas multidimensionales, coordinadas, que den paso a una recuperación integral de todos los sectores de la economía local, con especial énfasis en la atención de las poblaciones en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Se indicó además que, el proyecto refleja el contexto signado por la incertidumbre y el desplome de la actividad económica producida por el evento COVID-19, que, si bien avizora para el año 2021 una probable recuperación del conjunto de variables que determinan el comportamiento de los recursos y gastos a atender, prevé la necesidad imperiosa de aumentar el nivel de agresividad de las políticas públicas desplegadas por el Gobierno, como parte de la estrategia que busque contener y prevenir los efectos de la crisis desatada por la emergencia sanitaria.

Ante esta situación, se enfatiza la necesidad de realizar un esfuerzo de asignación selectiva de los gastos primarios, preservando y ampliando los programas sociales de asistencia que han evidenciado mayor grado de efectividad para contener la situación de los grupos vulnerables, al igual de aumentar la potencia de todos los gastos destinados a educación, salud, seguridad y obra pública.

Los ejes que orientaron el gasto público fueron: sostener el sendero de recuperación del salario de los servidores públicos, sostener los programas de asistencia social vigentes y ampliar su magnitud, cumplir con los compromisos asumidos respecto a las remesas de coparticipación a los Municipios, y continuar con la prestación de los servicios esenciales a cargo del Estado Provincial.

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