La semana pasada se comunicó que quedó firme el fallo que declaró “inconstitucional” una multa a un Uber en Río Grande.
La medida era solo pasible de apelación o casación por parte del chofer afectado, siendo notificado de la firmeza del fallo el Juzgado Municipal de Faltas respecto a de futuras multas a aplicar, así como el Concejo Deliberante a quien se hace un llamamiento a la regulación de la actividad Uber.
Más allá de esto ayer los asesores legales del municipio de Río Grande presentaron un recurso de casación para acudir en queja ante el Superior Tribunal de Justicia, a fin de revertir esta decisión judicial.
La casación plantea que hay una “afectación al poder de policía municipal” en razón de controlar “la protección de los pasajeros y usuarios” en materia de seguridad vial.
En cuanto a la ordenanza 3548/2016 que prohíbe la actividad Uber el apelante sostiene finalmente “la norma prohibitiva es razonable, porque prima el interés público de proteger al usuario ante una actividad de transporte de personas sin habilitación”.