El proyecto que pretende declarar la Emergencia del Sistema Sanitario en Tierra del Fuego por el término de un año, habla de un estado “sumamente crítico” de la salud pública, un sistema sin ningún tipo planificación, lo que hace imprescindible contar con un Plan de Emergencia en todos los niveles prestacionales.
Además el informe ratifica que los espacios físicos, tanto los utilizados por los empleados como los destinados a la atención propia de salud, se encuentran totalmente saturados, a lo que se suma y agrava la compleja situación de la obra de ampliación del Hospital de Ushuaia; por lo que se promoverá un ordenamiento y adecuación de espacios.
Frente a esto lo que se proyecta es la formación de una Comisión Interministerial con representantes de Salud, Obras y Servicios Públicos y Finanzas, para la elaboración de un Plan Director de Infraestructura para el mejoramiento, re funcionalización y ampliación de los Hospitales y Centros de Atención Primaria de las tres ciudades.
Además el proyecto por un lado sostiene que existe un serio compromiso de los procesos de contratación, especialmente los de recursos humanos, con pagos mediante reconocimiento de gasto o a través de legítimos abonos ya que no tienen contrato alguno, están vencidos o directamente observados por los organismos de control por imposibilidad técnica de conducir la contratación, lo que ponen al recurso profesional y técnico también en una situación crítica, que demanda medidas urgentes.
A esto hay que agregar una enorme cantidad de ingresos de personal en los últimos meses sin ninguna planificación e incluso sin tareas específicas.
Frente a este panorama y un claro déficit de profesionales y técnicos, la ley establece la posibilidad de la contratación también directa por fuera de cualquier convocatoria, toda vez que la idoneidad y la habilitación profesional hayan sido debidamente acreditada.
Sumado a todo esto, la deuda del Ministerio de Salud, asciende aproximadamente a 100 millones de pesos. En principio, la deuda se distribuiría en 43 millones en bienes de consumo; 20 millones de pesos en bienes de uso; 23 millones de pesos en servicio no personales; otros 14 millones de pesos en transferencias (Fondo de Atención de Personas para Pacientes sin Obra Social); y 500 mil pesos en construcciones.
Se pretende entonces establecer un procedimiento de excepción para las licitaciones públicas, durante el plazo de la emergencia y siempre que la situación lo amerite, para abreviar los plazos para la contratación de las obras, servicios o insumos; e incluso el recurso humano y profesional necesario.