La expectativa de la sesión del Senado de este jueves estaba puesta en revertir el veto presidencial a la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional con criterio de coparticipación. Una vez que la oposición alcanzó ese objetivo, y ante la presencia de familias que impulsaron proyectos de ley, los legisladores acordaron dos propuestas que podrían modificar el paradigma de salud en la Argentina.
Así fue que el Senado sancionó laLey de Calidad y Seguridad del Paciente, conocida como «ley Nicolás», que incentiva el reporte de los riesgos en los procedimientos sanitarios «a los fines de disminuir su incidencia futura en situaciones similares» y promueve el «acceso a la información» del paciente a la hora de recibir atención médica, entre otros objetivos. Contó con 69 votos a favor y uno en contra (de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, del PRO).
El proyecto establece «protocolos de actuación del personal de salud», diseña «planes de auditoría de los sistemas de trabajo» de las instituciones sanitarias, propone «programas de autoevaluación» y «procesos estandarizados de vigilancia», instaura «una duración de los turnos y de las horas de trabajo del equipo de salud que eviten su agotamiento» y garantiza «una dotación del personal de salud que satisfaga las necesidades del servicio». A través de la creación de un registro, se recabarán los informes de las instituciones y se divulgarán anualmente los resultados de las investigaciones.
El proyecto lleva el nombre de Nicolás Deanna, un joven oriundo de Villa Gesell que falleció a los 24 años en el 2017 cuando no le detectaron a tiempo una meningitis bacteriana. Su familia impulsó desde el 2023 su sanción: luego de tener un apoyo unánime en Diputados en diciembre de ese año, estuvo más de un año y medio sin tratamiento y corrió el riesgo de perder estado parlamentario. Familiares de Nicolás se hicieron presentes en el recinto y celebraron la sanción del proyecto. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la medida «es neutro», porque no enuncia «asignaciones de gasto o beneficios tributarios».