Los empeados del Instituto Provincial de la Vivienda emitieron una solicitada en la que critican la decisión de entregar más de 400 lotes en la urbanización Río Pipo en Ushuaia y más de 700 lotes en la urbanización Cabo del Mar de Río Grande.

En el documento dan cuenta de la situación de ambas urbanizaciones:
“La urbanización del Río Pipo fue proyectada hace casi 20 años mediante un programa realizado por el Ingeniero Dolder, quien fue reconocido en un congreso latinoamericano por la creación del mismo y su aplicación en el proyecto de urbanización del Rio Pipo”, recuerdan.

“Los empleados del IPV -recuerdan- trabajamos desde entonces para mantener y desarrollar dicho proyecto, con la premisa de otorgar la mayor cantidad posible de soluciones habitacionales, manteniendo coo objetivo su concepción original, una urbanización modelo que fue planificada a conciencia”.

“Hace más de 4 años que estamos desarrollando el proyecto de urbanización del sector 3, cuyo costo de infraestructura se calcula a la fecha en más de 1.000 millones de pesos, puesto que se prevén cerca de 1500 soluciones habitacionales, más de 100 lotes, parcelas para próximos proyectos, espacios verdes que conservan el bosque nativo en sus sectores más antiguos y reservas fiscales para equipamiento comunitario”.

“Con la entrega desmedida de 420 lotes los proyectos mencionados no podrán llevarse a cabo, ya que constituyen casi la totalidad de las tierras más aptas para construir. Lo cual significa echar por tierra dos décadas de trabajo a conciencia, con una planificación reconocida internacionalmente, y resignar la solución futura a más de mil familias que pertenecen a la demanda general inscripta en el IPV”, insisten.

Respecto de la urbanización Cabo del Mar en la margen sur de Río Grande, los trabajadores del IPV sostienen que “las tierras que el IPV compró en Cabo del Mar no están en condiciones de ser loteadas, ya que no hay trabajos de mensura realizados, ni proyectos de loteo presentados en el Municipio de Río Grande, no se ha realizado el estudio de impacto ambiental y a la fecha no se cuenta con un proyecto de infraestructura”.

“Por ello -aclaran-, se calcula que no es posible que dichos lotes estén en condiciones de ser entregados por aproximadamente 5 años, periodo mínimo que llevaría realizar todos los trámites, estudios, trabajos y obras. Además el IPV cedió a título gratuito una parcela de 32.360 m2 a la DPOSS, para la construcción de una planta potabilizadora”.

Además advirtieron que “en declaraciones públicas, el Gobierno Provincial ha informado la financiación de la infraestructura por 100 millones de pesos, pero a la fecha el costo de la infraestructura para los más de 700 lotes asciende a más de 700 millones de pesos, por lo que desconocemos el cálculo realizado”.

“Los precios de los lotes se estiman a la fecha en $1.000.000 en Ushuaia y $800.000 en Río Grande, valores que serán actualizados al momento de las entregas (dentro de 2/5 años). Los terrenos no son hipotecables hasta su cancelación total (30 años a un promedio de $12.000 mensuales) y el IPV no cuenta con fondos para otorgar créditos a la demanda general, supuesta razón por la cual están suspendidos hace más de dos años”, recuerdan.

Finalmente insisten que “tanto el Sector 3 de la Urbanización del Rio Pipo en Ushuaia, como el predio de Cabo del Mar de Margen Sur en Río Grande, son los únicos predios que posee el IPV para construir viviendas futuras y así perseguir nuestra misión de solucionar el deficit habitacional de los ciudadanos de Tierra del Fuego”.

Por lo que entienden que “se está dilapidando el patrimonio del IPV”.