La cifra surge de un informe interno del área de Tránsito del municipio de Río Grande que comprende del 1 de junio al 31 de diciembre.
Un total de 22 transportes funcionando de manera irregular en contra de las ordenanzas de las ordenanzas vigentes, fueron multados e incautados.
Lo más increíble de esta situación es que solo un caso fue judicializado, según informaron desde el Juzgado Correccional, del cual en diciembre pasado emitieron un fallo a favor del único reclamante por este tipo de causas, un chofer de Uber incautado el 21 de septiembre pasado.
El juez Correccional Pedro Fernández falló en favor del chofer multado en razón de entender esa forma de trabajo forma parte de una relación contractual entre privados, declarando la inconstitucionalidad de la ordenanza que prohibe Uber, 3548/2016.
Este antecedente resultará favorable para cualquier reclamo judicial en contra de la sanción administrativa del Juzgado de Faltas Municipal, por lo que resulta increíble que de los otros 21 casos restantes ninguno haya sido llevado ante la Justicia hasta el momento.