El diputado nacional Oscar Martínez dirigió una nota al Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para acompañar el petitorio firmado por más de 20 organizaciones gremiales, sociales y barriales de Río Grande, en el que se reclama ser parte del debate de cualquier modificación del cuadro tarifario y se denuncia que ni la Nación, ni la Provincia, tuvieron en cuenta la opinión de los sectores al resolver el tarifazo.

La nota dirigida al Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, comienza expresando que «Nos dirigimos a Usted y por su intermedio al Presidente de la Nación, a los fines de expresar el profundo malestar de los habitantes de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, respecto de las decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional en materia de tarifas de servicios, y específicamente respecto de las Resoluciones 28 y 31 / 2016».

Lamenta la misiva que la delegación que integrarían el diputado Oscar Martínez, con el Decano de la UTN, Ing Mario Ferreyra; más los dirigentes del Sindicato de Petróleo y Gas Privados, y del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, no tuvo «la oportunidad de ser recibidos para expresarnos, dado que la audiencia otorgada, oportunamente acordada, fue suspendida sin nueva fecha».

Más adelante se menciona la numerosa movilización que protagonzó el pueblo de Río Grande, el pasado primero de junio, y se refiere a la decisión de hacer llegar el documento que en esa oportunidad se leyó en el acto; firmado por dirigentes gremiales, sociales y barriales, con el acompañamiento de vecinas y vecinos de la ciudad, en una «clara decisión de reclamar y ser participes del debate de las tarifas de servicios, en este caso de gas».

Advirtiendo que «al tratarse de una provincia productora de este recurso natural elemental para la vida de muchos habitantes de nuestro país a quienes se les transporta dicho insumo, nuestra posición adquiere una mayor legitimidad».

Menciona la nota, que firma el diputado nacional Oscar Martínez, que «No nos hemos mantenido ajenos a las informaciones que hablan de reuniones y/o acuerdos con el Gobierno Provincial, pero tampoco aqui hemos sido tenidos en cuenta».

El escrito presentado al Ministro Frigerio manifiesta, finalmente, que «Por lo precedentemente expuesto y con la responsabilidad y compromiso que nos cabe por mandato de nuestro pueblo, venimos a insistir en solicitar se habiliten y arbitren los medios para llevar adelante debates y reuniones con los distintos sectores que representan a la sociedad fueguina, a fin de arribar consensuadamente a montos que se ajusten a la condición de provincia productora de Gas».

La nota acompaña el Documento que fuera leído en el acto del primero de junio, en la Plaza de las Américas de Río Grande; donde entre otros conceptos se expresa que «algunos funcionarios nacionales que viven a 3000 km con temperaturas que son bastante diferentes a las que sufrimos aquí en nuestra provincia, han resuelto de manera inconsulta un incremento en la tarifa de gas que excedía el 600 por ciento en el caso del servicio domiciliario y que oscilaba entre un 1000 por ciento y un 2000 para el servicio comercial”.

Luego menciona que, después que “toda la Región Patagónica se comenzara a expresar en contra de ésta decisión, estos funcionarios convocaron a los gobernadores de la región a una reunión, para en ese ámbito transmitirnos que la tarifa del servicio domiciliario no iba a sufrir incrementos superiores al 400 por ciento y que, en el caso del servicio comercial, les financiaban el 50 por ciento del valor de la factura”.

El documento, firmado por más de 20 organizaciones que convocaron a la protesta, dice que “este proceder no resiste lógica alguna, ya que queda a las claras que no existió ningún estudio previo, sino que muy por el contrario, la única prioridad fue la recaudación sin analizar el impacto que iba a generar en toda nuestra sociedad”.

“Como integrantes de esta sociedad nos asiste un derecho, que es el derecho a los bienes esenciales tales como el gas, luz, electricidad, agua potable, y es nuestro deber velar por ellos”, menciona el texto. Comprometiéndose a “redoblar esfuerzos manteniéndonos unidos y continuar democráticamente debatiendo como logramos el objetivo fijado, a los fines de que quienes toman estas decisiones erróneas se responsabilicen de las mismas y, consecuentemente, tengan la grandeza de corregirlas”.

Por último se reclama a debatir en “audiencia pública” el aumento del servicio, señalando que “como organizaciones sindicales, universidades nacionales, como comerciantes; pero sobre todas las cosas como ciudadanos de esta querida Isla, no escatimaremos esfuerzos hasta lograr definitivamente que el error cometido en el incremento de las tarifas de gas sea subsanado”, concluye el petitorio.



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