Se trata del escandaloso episodio que quedó a la luz en julio pasado con un procedimiento realizado a partir de detectar la Aduana y AFIP una maniobra de parte de esta industria para valerse de dólares a precio diferenciado para la adquisición de supuestos insumos para la producción, que resultaron ser “basura tecnológica”.
Por este episodio la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, resolvió los procesamientos del presidente de KMG Fueguina, Mario Norberto Witomski, procesado por el delito de contrabando en calidad de autor, con un embargo preventivo por el monto de cincuenta millones de pesos; y de la despachante de aduana Cinthia Giandoménico por el delito de contrabando en calidad de partícipe necesaria, con un embargo preventivo por el monto de treinta millones de pesos de sus bienes.
Una maniobra de 300 millones de pesos de ganancia
La maniobra detectada por Aduana consistió en la simulación de una operación comercial en una importación de placas de video al Área Aduanera Especial de la provincia de Tierra del Fuego, a un valor declarado de 1.424.000 dólares.
Con esto la empresa adquiriría las divisas norteamericanas necesarias para girar al exterior para pagar estos insumos, pero la AFIP ya había declarado un alerta rojo en relación al excesivo precio de las placas, que las mismas no se condecían con el objetivo productivo de la empresa, y un detalle grosero como era la adquisición en China y la facturación correspondía a una empresa radicada en Estados Unidos.
Al arribo del cargamento fue revisado en el depósito fiscal JowKon donde se constató que se trataba de carcazas de un valor apenas superior a los 32 mil dólares, considerados “basura tecnológica”.
Ante esta maniobra se consideró responsable penal directo al presidente de la empresa, Mario Witomski, y se involucró a la despachando de aduana Giandoménico quien “no pudo haber desconocido la falsedad de la documentación que le habría sido proporcionada por el presidente de KMG FUEGUINA S.A.”, aduce el fallo judicial por el cual ambos imputados tienen una prohibición de salida del país, y de la provincia en el caso de la despachante local.