Los desalojados como sus vecinos coincidieron, “el lugar era un aguantadero de borrachos y no se podía vivir”.

Diego Yurquina, su mujer Yésica, y sus hijos de 1, 3, 11 y 12 años, ingresaron a la vivienda de Koyuska 628 un año atrás a pedido de los mismos vecinos, para que la vivienda no siguiera siendo un aguantadero.

Un año después apareció un “propietario” de la vivienda en una zona donde todos se encuentran asentados en situación irregular, y el juez de instrucción 1 Daniel Cesari Hernández, ordenó el desalojo.

“Vino la Policía nos sacaron levantaron a los chicos que estaban durmiendo y nos dijeron que nos teníamos que ir o harían uso de la fuerza pública, ahora mi señora fue al juzgado para que nos den una solución por el momento para que los chicos no estén en la calle”, dijo Diego, quien lamentó incluso que en el lugar construyó una estructura de hierro y cemento al lado  de la precaria casilla de madera, “para darle un lugar mejor a mis hijos”.

“Ni siquiera nos dieron un pre aviso para poder apelar, nada, y mi señora logró que esperen a que vaya al juzgado para tener una respuesta antes de que nos hagan sacar las cosas”, refirió.

En relación al desalojo nadie puede explicarse como fue fundado, “estos son todos terrenos en conflicto de la esa sociedad Activos Fueguinos y nadie tiene papeles de nada, el que dice ser el dueño de esta casa  nunca la estuvo habitando, estaba abandonada, por que de hecho esto era un aguantadero de borrachos, hay muchos vecinos con conflictos de desalojos y la Justicia no los resuelve y este caso sí?, es indignante”, refirió otro de los vecinos.

La mujer y los cuatro pequeños se trasladaron al juzgado en busca de una respuesta social ya que ninguno de los entes estatales se acercaron a contener la situación de la familia.