Se dieron a conocer los dos decreto; el 725 que conforma el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina; y el más importante; el 727 de la extensión del régimen.

El decreto 727 establece claramente hasta el 31 de diciembre de 2038 el plazo de extensión actual, a pesar de que irresponsablemente –desde algunos sectores político/sindicales- se intentó instalar que el plazo era por 30 años. Si es cierta la posibilidad de prórroga por otros 15 años, pero la letra del decreto está plagada de condicionantes como nunca antes y el decreto ex taxativo respecto de la fecha mencionada precedentemente.

El decreto establece incluso que “pasados 12 años de ese plazo, se considerará como condición que Brasil mantenga el régimen en Manaos, para la extensión de 15 años más a partir del 1 de enero de 2039”; así como cumplir los requisitos de ampliación de la matriz productiva de la provincia.

La provincia se encuentra aún analizando con los equipos técnicos del ministerio de Producción los algunos artículos que generan preocupación, como el que indican que “los beneficios no alcanzarán a aquellos procesos productivos que no estén aprobados al momento de entrada en vigencia del decreto” y el que reza, “autorízase, hasta el 31 de diciembre de 2023, la presentación de nuevos proyectos industriales y/o la readecuación de los existentes en el marco de la Ley N° 19.640, para la producción de productos electrónicos, componentes, y tecnologías conexas, siempre que no afecte la producción realizada en el Territorio Nacional Continental y que se trate de bienes que no se fabriquen en la Provincia”.

Condicionantes nunca previstos y que atentan contra la posibilidad de “ampliar” la producción en el plazo de extensión.

Nación administrará el fondo en una mirada despojada de federalismo

En medio del resquemor imperante, una decisión que si no cayó bien es que en la conformación del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, será la Nación el ente recaudador y administrador del mismo.

Con una singular mirada “centralista” del gobierno de Alberto Fernández, más allá de que habrá un órgano consultivo con los entes gubernamentales fueguinos; será el centralismo porteño el que defina como se administrará este dinero con dos objetivos; “(60%) del total del monto recaudado se destinará para el financiamiento de proyectos productivos de empresas” y un “(40 %) del total del monto recaudado se destinará a inversiones en obras de infraestructura que presenten los estados provincial y municipales”.

Este fondo se nutrirá del aporte mensual obligatorio de las empresas; equivalente al 15% del IVA por la venta de los productos producidos en sus distintos proyectos industriales al amparo de este régimen-.

El análisis continúa y el resquemor es grande en base a los cambios en el borrador, sobre los que Nación avanzó sin intervención alguna de los actores fueguinos; tanto políticos como sindicales.

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