Al tiempo que el Parlamento aumentó el déficit presupuestario, redujo en $ 250 millones la gestión de fuentes de financiamiento para la Administración Central y en $ 75 millones para los entes descentralizados, empeorando el déficit y poniendo a la norma en colisión con el principio básico de equilibrio presupuestario.
No obstante el ajuste aplicado a los ingresos y a la reducción impuesta a la gestión de fuentes de financiamiento, entre otras modificaciones, los Legisladores se garantizaron el presupuesto propio, exgiéndole al Ejecutivo la remisión en doce cuotas mensuales de las partidas de los otros Poderes del Estado.
Asimismo, impone al Ejecutivo asignar al sistema de Salud la totalidad de las vacantes que se generen en la administración central, sin límites y sin facultar al Gobierno la cobertura de necesidades de otras áreas.
El ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu calificó de “inconstitucional” y generadora de “una inusitada gravedad institucional” a la actitud del parlamento fueguino por arrogarse facultades propias del Poder Ejecutivo.
El funcionario destacó que el presupuesto creado por la Legislatura pone en riesgo la prestación de servicios básicos del Estado y pone en jaque el cumplimiento de los acuerdos salariales alcanzados por el Ejecutivo con diferentes sectores gremiales de la administración pública, informaron fuentes oficiales.