Es ante la sospecha por intereses británicos en la exploración y explotación en tres cuencas de la plataforma continental argentina, y ante el silencio y la negativa del Poder Ejecutivo Nacional de brindar información sobre las empresas que han efectivizado formalmente sus ofertas.
La provincia solicitó que en caso de que alguna de las empresas quede comprendida en los causales de prohibición enumerados por la ley 26.659, por su composición de capitales británicos o bien haber operado para el gobierno británico en Malvinas, y por lo tanto se declaren inadmisibles dichas ofertas.
Asimismo se les prohíba a tales empresas ser adjudicatarias de las áreas ofertadas y a su vez sean sancionadas de conformidad a la ley aplicable a los efectos de salvaguardar los legítimos e irrevocables derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y nuestros recursos no renovables.
En este sentido, el secretario Jorge Arguello informó que “paralelamente se han realizado presentaciones ante los presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Energía de las respectivas Cámaras del Congreso de la Nación” a efectos de “visibilizar y poner en su conocimiento esta situación de especial relevancia y preocupación para la Provincia.
Vencidas todas esas instancias administrativas, Arguello aseguró que se accionará judicialmente para obtener la información societaria de dichas compañías.