Desde la secretaría de Gobierno del municipio de Río Grande, su titular Gastón Díaz se refirió a la situación del transporte público de pasajeros ante la creciente tensión en la calle.

Díaz ratificó la postura del municipio en que “actualmente nos manejamos en el marco de la normativa vigente que solo habilita el servicio de taxis y remises para el transporte de pasajeros en la ciudad. Todo otro servicio que se ofrezca para transportar personas no está regulado y por ende no puede prestar el servicio”.

“Somos conscientes de lo que plantean taxistas y remiseros pidiendo mayores controles en la vía pública, pero hemos sido claros en cuanto a que los controles los llevamos adelante con el cuerpo de inspectores existente con las limitaciones del caso. En ese sentido aguardamos con expectativa el proyecto de ordenanza que se debate en el Concejo Deliberante para incorporar una plataforma digital de control que nos permitirá eficientizar aún más la tarea de contralor”, agregó.

En cuanto a los servicios que se ofrecen por plataformas, expresó, “los servicios de transporte no regulados legalmente pueden acarrear perjuicios a los pasajeros ante la eventualidad de accidentes, ya que el carnet de conducir exigido para transportar personas no es el mismo que la licencia común de conductor. Del mismo modo la RTO y el seguro de pasajeros”.

Continúa el proceso para 80 nuevas licencias

Díaz incluso señaló que la decisión del municipio es clara respecto a la ampliación de licencias, “confiamos además que el servicio de taxis y remises va a mejorar en sus prestaciones y frecuencias con las nuevas licencias que se van a entregar a partir de la ordenanza que nos habilitó la ampliación. Llevamos más de 200 inscriptos para aspirar a una licencia de taxi o remis, aguardando el corte para el 11 de diciembre y empezar el proceso de selección el cual junto a la asesoría letrada municipal garantiza transparencia en el proceso a llevar adelante siendo públicos todos los actos a realizar”. En ese sentido informó que ese listado se va a publicar desde el 11 ó 12 de diciembre con un plazo impugnatorio.