El Fiscal Mayor recibió la exposición que efectuaron las autoridades del Concejo Deliberante de Río Grande, luego de la accidentada jornada del 15 de febrero pasado, en que ATE y Camioneros irrumpieron en la sesión extraordinaria, previa a la apertura de sesiones.
El fiscal Martín Bramatti y el juzgado de instrucción 2 a cargo del Dr. Raúl Sahade instruyen una causa judicial en el marco de los delitos de daños, a causa de las roturas producidas en el edificio, pero además en orden al artículo 241 del Código Penal que comprende el delito de “perturbar una sesión legislativa”.
Dicho artículo establece que “ el que perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia o dondequiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones”; es pasible de una pena de 15 días a 6 meses de prisión.
Incluso el fiscal contempla además la figura del artículo 237 que comprende el delito de quien intimidare a un funcionario público para exigirle la ejecución y omisión de un acto propio de sus funciones. Ese delito tiene la pena de 1 mes a un año de prisión.
El juez Sahade ya ordenó medidas de prueba al respecto de esta investigación, como es la remisión de las imágenes de las cámaras de seguridad en el edificio legislativo.