El Gobierno oficializó la intervención del puerto de Ushuaia por un periodo de 12 meses, tras detectar irregularidades financieras y desvío de fondos públicos. La medida fue dictada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y se formalizó mediante la Resolución 4/2026, publicada esta jueves en el Boletín Oficial. En tanto, la gobernación de Tierra del Fuego adelantó que irá a la Justicia para frenar la medida de la administración de Javier Milei.
Firmada por el director ejecutivo del organismo, Iñaki Arreseygor. A partir de ahora, la gestión operativa, técnica y administrativa de la terminal marítima será asumida por el Estado nacional, aunque la intervención puede extenderse más allá del año inicialmente previsto si las anomalías no se corrigen.
Según lo explicado por la ANPYN, la decisión responde a la detección de desvíos de recursos que, en lugar de destinarse al mantenimiento y mejora del puerto, habrían sido utilizados para otros gastos de la administración provincial, lo cual va en contra de la normativa vigente. Además, las inspecciones realizadas habrían evidenciado deficiencias operativas, riesgos en la infraestructura y falta de respuestas por parte de las autoridades provinciales ante los pedidos de regularización.