La fuerte polémica y rechazo que ha generado por parte de la comunidad de Puerto Williams y del pueblo yagán en el país vecino, la instalación de la industria salmonera en el canal Beagle, terminó en la Justicia.

La semana pasada, Constanza Portus Torres, Gabriela Faraldo Victorica, Jorge Caros Lara y la Fundación Greenpeace Pacífico Sur, interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en contra de la empresa Pesquera Cabo Pilar S. A., actual titular de las 4 concesiones de salmonicultura otorgadas en canal Beagle en 2005, por afectar los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Según los recurrentes, la empresa incurrió “en actos arbitrarios e ilegales, toda vez que ha vulnerado una medida cautelar vigente, de la cual se encontraba en pleno conocimiento”.

Dicha precautoria fue dispuesta por el Tribunal Arbitral de Osorno, tras un juicio para resolver un conflicto entre privados, obligando a “la suspensión total de operaciones y de ingreso de peces y de estructuras flotantes, pontones, balsas jaulas o cualquier otro bien mueble respecto de la concesión de acuicultura”.

No obstante ello -según publica el diario La Prensa Austral- habitantes de Puerto Williams fueron testigos en las últimas semanas, de movimiento y traslado de bienes muebles hacia el sector otorgado, y tomaron registros fotográficos para avalar sus dichos.

En el escrito agregan que “amparado en lo que la medida cautelar dispuso en el año 2009, es que el titular de proyecto justificó el que se suspendieran los plazos de caducidad, establecidos tanto en la Ley General de Pesca y Acuicultura como en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente”.

Es decir, con la precautoria como argumento, la empresa pudo evitar que la Subsecretaría de Pesca caducara sus concesiones, tras más de 3 años sin operar. “En este sentido -agregan- comete no sólo un acto arbitrario respecto a cuándo cumplir y cuándo no, una medida cautelar, sino que, además, un acto ilegal, toda vez que transgrede lo dispuesto por la Subsecretaría de Pesca en las resoluciones exentas Nº432 y 1033 del año 2009 y 2010, respectivamente, vulnerando el principio de legalidad del que gozan los actos de la administración”.

El recurso también solicita declarar orden de no innovar, “mandatando a detener el transporte y movimiento de alevines de salmónidos a las jaulas ilegalmente ingresadas en el canal Beagle, comuna de Cabo de Hornos (…) en atención al grave e irreversible impacto que causa que se introduzcan organismos de especies exóticas en parajes prístinos, que son el sustento de nuestro desarrollo”.

Foto: La Prensa Austral