El Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre.

Ante la denuncia del convenio colectivo entre la saliente gobernadora y los gremios estatales de ATE, UPCN Y ATSA, el Fiscal de Estado emitió un duro dictamen cuestionando distintos aspectos legales del mismo, por los que recomienda ir legalmente contra el mismo.

El fiscal Virgilio Martínez de Sucre cuestiona incluso el contexto político de la firma a días de concluir el mandato de Bertone, “la reactivación de las comisiones paritarias se produce luego de más de cuatro años de no ser convocadas y a escasas semanas del recambio de autoridades provinciales. Luego, al extenso acuerdo se arriba en un plazo no mayor a un mes, sin constancia del debate habido en el seno de las partes y sin alusión alguna al convenio ya homologado por el Ministerio de Trabajo en el 2015, tras casi una década de negociación”, plantea.

Martínez de Sucre habla de “llamativas anomalías, se prescinde del sistema de negociación establecido, no intervienen los representantes paritarios ni se respeta el reglamento interno de la comisión y se forman expedientes administrativos independientes al precedente y se desecha todo lo actuado hasta el momento y se propone un nuevo temario desde cero, a ser tratado fuera del ámbito de la cartera laboral y sin brindar ninguna explicación”

Poco serio

Todo esto resta “transparencia y legitimidad al proceso de negociación” e incluso ataca a lo actuado desde el propio ministerio de Trabajo de la anterior gestión al expresar “no fue seria la homologación de la asesoría letrada del ministerio de Trabajo que fundamentó en un solo día y en una carilla sobre los 167 artículos del convenio”, expresó.

Las designaciones en planta de los últimos días de gobierno

Cuestiona asimismo los plazos dispuestos parta designaciones en planta que no respetan “igualdad de oportunidades y de trato entre los propios trabajadores”, yendo en franco favor de los incorporados en los últimos 3 meses del gobierno saliente cuyo período de revisión se reduce al de los demás trabajadores del convenio.

Marca allí que indudablemente la negociación buscaba beneficiar a los pases a planta de los últimos meses de la anterior gestión, pagando favores políticos con designaciones dentro del Estado.

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