La Justicia Federal nuevamente imputó un caso de «trata de personas» a los integrantes del local nocturno Aquelarre que fue allanado y cerrado en el año 2013 con un largo proceso judicial que tuvo un primer juicio anulado. En esta ocasión fueron acusado por otra mujer, a la que regenteaba un policía, pero la Justicia no encontró pruebas.
La causa la lleva la Justicia Federal de Ushuaia a cargo del juez Federico Calvete, quien tras meses de proceso dictó la «falta de mérito» a todos los involucrados en la causa.
Esta denuncia da cuenta de una mujer que llegó a un prostíbulo de la capital fueguina en 2008, donde conoció a un oficial de la Policía Provincial, Héctor Silvestre, quien comenzó a usufructuar económicamente la relación que mantenía con la misma. Incluso le avisó antes del allanamiento de ese entonces en el local Black & White, llevándola a Río Grande para ser explotada en el local Aquelarre entre 2010 y 2013, según indica la denuncia.
Ante esto se imputó por explotación sexual aprovechando la situación de vulnerabilidad social, a ese oficial de la Policía Provincial; y además a los integrantes del local: Jorge Scienza, Diego Escalante, Oriana Mailén Acosta, Elvira Centurión y el propietario del inmueble, Carlos Longiarú.
Esta semana el juez Calvete consideró que no hay evidencia para procesar ni sobresee de manera definitiva a los imputados, que terminó dictando «falta de mérito», exceptuando el caso de Longiarú, quien por el momento tiene paradero desconocido.