El proyecto del Gobierno Provincial presentaba un relevamiento deficiente en el que aparecían tierras del mismo IPV, de la Municipalidad de Río Grande y de empresas particulares que funcionan en el lugar, ante lo cual los legisladores ya iniciaron el trabajo de depuración.
La legisladora Miriam Martínez señaló que esta ley es “una deuda pendiente que viene de la ley 848 que se votó en 2011 y tenía una fecha de vencimiento al no cumplir plazos, y se cayó la ley, se trabajó en un relevamiento en 2017 y 2019 y el informe del Tribunal de Tasación de la Nación, que seguramente deberá actualizarse el valor”.
“Hay muchos temas a incorporar al proyecto de ley, muchos pedidos desde las asociaciones de chacareros y que todo llegue ordenado al trabajo legislativo. Lo importante es dar una respuesta definitiva a este tema que tiene a muchos productores viviendo de esta actividad en forma irregular y tener las garantías necesarias”, agregó.
En cuanto al gobierno electo “deberá reglamentar la ley y realizar los juicios de expropiación”, dijo, agregando respecto de las autoridades entrantes, “acá todos se comprometieron con los productores, todos los espacios políticos se han reunidos con ellos, tenemos que tener la voluntad política de regularizar la situación de la tierra”.
Reconoció que también hay otros asentamientos residenciales, “llevan muchos años y alguien les permitió esto”, expresó. “Acá tampoco se regalan las tierras, luego se va a hacer un recupero, es un otorgamiento de derechos y poder generar un polo productivo en este sector de la ciudad”, enfatizó Martínez.
Finalmente confirmó que se van a tener en cuenta excluir parcelas del IPV y la Municipalidad que estaban dentro del proyecto, en el macizo 67 judicializado –respecto de tierras de la sociedad Pole Fueguina- y asimismo del macizo 63 con tres predios correspondientes a la empresa Continental Maderas, cuya situación de tenencia es regular y la tierra es utilizada por la misma firma.