El Gobierno elevó una denuncia penal contra el gremio de controladores aéreos luego de las medidas de fuerza que generaron importantes afectaron la operación de vuelos en los aeropuertos de todo el país. La presentación judicial fue presentada por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 3, a cargo del juez Daniel Eduardo Rafecas.
La denuncia apunta a la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), que nuclea a los controladores, por presuntas infracciones aeronáuticas y delitos relacionados con la seguridad operacional tras paralizaciones y acciones durante las protestas que alteraron la normal prestación del servicio.
Según el texto judicial, parte de las medidas de fuerza incluyeron la colocación de banderas en las torres de control del Aeroparque Jorge Newbery y del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, lo que (según EANA) no solo obstaculizó tareas clave, sino que también pudo haber comprometido la seguridad de las operaciones aéreas y la integridad de pasajeros, tripulaciones y equipos.
La denuncia se basa en una presunta infracción a la Ley N.º 17.285 (Código Aeronáutico) y fue radicada al término de una jornada de paro que provocó demoras, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos. Voceros del sector aéreo estiman que más de 40.000 pasajeros quedaron afectados entre la primera jornada de protesta y una segunda medida prevista para este jueves.
Ahora, con la denuncia formalizada, la Justicia evaluará si las acciones gremiales configuran delitos contra la seguridad de la navegación aérea y determinará los pasos siguientes en la causa.