Ampollas contaminadas, robo de dosis de uso medicinal, visitadores médicos y enfermeros vendiendo a adictos bajo la irresistible oferta de “no te quedes sin la tuya”, empresarios con vínculos diversos con la política, las rutas nacionales que comunican a numerosas provincias, las porosas fronteras y laboratorios precarios montados rápidamente, entre otros elementos, aparecen en el mapa del fentanilo en Argentina.
En este contexto, mientras provincias como Buenos Aires y Córdoba subrayan que no registran un ascenso abrupto en el consumo de fentanilo, la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, emitió su reporte anual, en el que alude al primer año de gobierno de Javier Milei y el retorno a la cartera de Seguridad de Patricia Bullrich, una de sus alumnas predilectas.
En un señalamiento directo al Gobierno nacional, subrayan que una parte de sus fragilidades se debe al trabajo de “la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con recursos limitados, las demoras judiciales y la mínima supervisión limitan la aplicación de las leyes, lo que resulta en bajas tasas de condenas”.
La DEA, desde hace décadas, hace hincapié sobre la falta de control fronterizo fundamentalmente en el NEA y NOA, sin embargo la novedad es que esta vez incorporó a Tierra del Fuego: “Las 10 zonas francas de Argentina y un área aduanera especial en la provincia de Tierra del Fuego carecen de controles suficientes para prevenir el contrabando de grandes cantidades de efectivo y el tráfico de drogas”, dicen. Llamativamente, este reporte no tuvo lugar en la discusión pública.
Las alertas de la DEA se dan en un marco en que la amenaza del fentanilo, que según el señalado informe registró un descenso del consumo en Estados Unidos, aparece en Argentina de diversas maneras, ya sea por contaminación en el uso médico como se dio en el caso de La Plata, provincia de Buenos Aires, o por el robo o tráfico como en el caso de las seis personas detenidas en Posadas, Misiones, durante una entrega vigilada pactada en marzo de este año.