La presentación se sustanció el viernes pasado ante el Consejo de la Magistratura que el 18 de noviembre próximo se reunirá, y dará estado parlamentario a este asunto patrocinado por el abogado Antonio Petkos, matriculado en el colegio de Abogados de Río Grande.

El jury al Dr. Ernesto Loffler da cuenta de “mala conducta, morosidad o negligencia reiterada en el cumplimiento de las funciones y arbitrariedad manifiesta” buscando su remoción del cargo.

Todo gira en relación al tratamiento judicial del llamado a la reforma de la Constitución Povincial, donde Loffler intervino en el análisis de las denuncias presentadas en los casos “Lechamn” y “Rossi”.

En primer término consideran a Loffler de “parcial” en relación a sus manifestaciones anteriores a la sustanciación de la causa, contrarias a la reforma. “El denunciado expresó reiteradamente en medio de comunicación su posición contraria a la reforma, emitiendo juicios de valor que anticipaban su criterio sobre cuestiones sometidas a su decisión como magistrado”.

A esto suma que el legislador Damián Loffler, hermano del magistrado, fue uno de los cuatro votos en contra de la reforma, sumando elementos a la “parcialidad”.

“Era esperable que se abstuviera de participar del debate en torno a la reforma constitucional. El comportamiento correcto era su inhibición, pero no lo hizo por motivos exclusivamente políticos”, dijo en relación a la participación de Loffler en las denuncias del legislador Jorge Lechman y el abogado Paulino Rossi.

Finalmente le reprocha un retardo de justicia en relación a que “las actuaciones pasaron meses en su vocalía sin que dictara resolución alguno, a pesar de los sucesivos pedidos de pronto despacho”. Este retardo ampliaba los tiempos de la cautelar que tenía paralizada la convocatoria a elecciones.

El 27 de mayo finalmente se libera la causa desde la vocalía de Loffler ante un reclamo de su par María del Carmen Battaini. En ese sentido da cuenta de un “retardo malicioso” y “una demora injustificada” con el fin de “neutralizar temporalmente decisiones políticas no justificables”.

Enemistad manifiesta hacia el Gobierno
Finalmente planteó un escenario de “enemistad funcional hacia el Gobierno Provincial” ante la resolución del 13 de agosto de 2024 en que Loffler ordenó al Gobierno “abstenerse de realizar toda acción tendiente a la concreción de la elección suspendida” en razón de la denuncia “Lechman” sobre la cual se resolvió “inexistencia de delito”.

Todo este contexto es considerado de una “gravedad institucional excepcional” como “una obstrucción deliberada” del funcionamiento de un órgano del Estado en una intromisión de poderes.