El fallo fue emitido desde el juzgado de instrucción del Dr. Javier de Gamas Soler y apunta al secretario General provincial de ATE por estafa en el manejo de un plan de viviendas que debían ir a afiliados, las cuales comercializaron con al menos 22 personas a las que estafaron en sumas millonarias.

El principal acto en la causa es el responsable del área de Vivienda de ATE, Miguel Ángel Arana quien fue procesado por defraudación, falsificación ideológica de documento y lavado de activos, esto último junto a su pareja a nombre de quien adquirió maquinarias con ese dinero (ver mas abajo).

El procesamiento alcanza asimismo al máximo responsable de ATE, Hipólito Carlos Córdoba por defraudación. A pesas de aducir desconocimiento, el juez fue lapidario respecto a que Córdoba estaba en conocimiento de toda la maniobra que involucró a 22 damnificados.

La causa señala que Córdoba recibió personalmente al menos reclamos de dos personas, e incluso realizó gestiones personales ante el IPV pidiendo por la incorporación al listado de viviendas de personas ajenas a ATE, así como también remitió una carta al ministro de Gobierno en febrero del 2017 pidiéndole interceder por estas personas, nota hallada en el propio gremio de ATE.

Los procesamientos alcanzan además a otra integrante de ATE, Lilian Carolina Galli por defraudación, y a Erik Enrique Moscoso Panozo por lavado de activos. Otros integrantes del gremio estatal fueron sobreseídos o dictada la falta de mérito, y se destacó la extinción de la acción contra el dirigente de ATE Daniel Belbey por muerte de este, cabe recordar que se suicidó el año pasado.

La causa asimismo comprende un millonario embargo de 3 millones de pesos a los principales imputados, uno de ellos Córdoba.

Arana compró máquinas viales con el dinero estafado

La investigación calculó que a las personas se las defraudó en $8.145.000 y cerca de 52 mil dólares; dinero utilizado por el principal imputado -Arana- para la compra de maquinaria vial y camiones, con la participación directa de su pareja, Gisela Edith Escobar.

A nombre de esta figuraba la empresa constructora que fue equipada, ya que Arana es empleado de la Municipalidad de Ushuaia y apuntaba poder facturarle trabajos a dicho organismo.

Todas las maquinarias eran compradas conforme ingresaba el dinero de las estafas, por lo cual las mismas están todas bajo resguardo judicial.