Se trata del resonante caso en que el año pasado fue detenido un empleado municipal, Claudio Antonio Guerrero Villarroel de 40 años, vinculado a 7 episodios de acoso contra mujeres en la vía pública, en el sector céntrico de la ciudad de Río Grande.
Guerrero Villarroel fue detenido y procesado en medio de un amplio rechazo social que generó el caso, trascendiendo allí incluso que llevaba años con otro proceso judicial abierto por una presunta violación intrafamiliar, sobre la cual incluso aún no hay juicio realizado.
En los últimos días el fiscal de la causa, el Dr. Jorge López Oribe, pidió la “omisión de debate” proponiendo una pena de solo 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo, la cual incluso ya estaría cumplida con el tiempo que Guerrero Villarroel lleva transcurrido en la Unidad de Detención.
La propuesta fiscal al momento de ser analizada por los jueces, tuvo el rechazo de los Dres. Daniel Borrone y Eduardo López, que consideraron la falta de proporcionalidad de la condena a tratar en base a los hechos imputados.
Ante ello el Tribunal de Juicio rechazó la propuesta de omisión y ratificó el juicio para el 22 próximo.
Esto tuvo una reacción judicial importante desde la fiscalía, ya que el Dr. López Oribe presentó casación contra esta decisión de rechazo a la “omisión” pero incluso fue más allá, recusando a los jueces para seguir actuando en el caso al considerar que “prejuzgaron” sobre el caso.
Ahora el Superior Tribunal de Justicia deberá evaluar la casación y un nuevo tribunal conformarse y considerar si la recusación planteada es pertinente. Difícilmente el caso llegue a juicio el 22 como está planteado, antes que se resuelvan estas cuestiones.