El legislador electo por FORJA, Daniel Rivarola, cuestionó la falta de claridad del proyecto de la expropiación de tierras en las chacras de margen sur y el destino de los fondos que debían ser afectados.
Recordó que los recursos para la expropiación estaban previstos en la ley 848, y eran provenientes de los Fondos de la Soja con destino específico. Se desconoce si terminaron en Rentas Generales y, en tal caso, sería un desvío «ilegal», advirtió en declaraciones a Fm La Isla.
«Yo no estoy en contra de ninguno de los chacareros sino todo lo contrario. En la campaña hemos hablado de la producción y lejos estaría de estar en contra. Pero necesitamos claridad. Yo lo escuché hablar a Verategua y expresar sus ganas de sentarse a hablar conmigo, y estoy dispuesto a hacerlo, para interiorizarme aún más”, afirmó Rivarola.
«Leí dos cuerpos de expedientes donde establecen cuáles son las condiciones de las chacras a la fecha, después de ocho años de aprobada la ley de expropiación 848, en 2011. Queda claro que hay chacras en conflicto judicial y, si hace ocho años tenemos una ley aprobada que dice que del fondo de la soja iban a salir los 200 millones para la expropiación, según la valuación que se había hecho, lo que no entiendo es por qué no se expropió en estos ocho años. Lo que entiendo es que ese dinero no está y nuestra inquietud es que nos convoquen, en virtud de que estamos a dos meses del cambio de gobierno», insistió.
«Queremos saber si los 250 millones de la soja están guardados y los van a poner, o si es un compromiso nuevo que vamos a tener que pagar el año que viene. Además, queremos saber cómo van a expropiar, cuando una parte de los terrenos está en litigio. Son tres parcelas con varias chacras en esa situación, por eso hay que interiorizarse más», manifestó.
«No es que nos oponemos a darles la tierra, sino que la duda es dónde están los 250 millones para pagar la expropiación», expresó, dado que, si fueron a Rentas Generales, siendo fondos de afectación específica, podría existir la presunta comisión de un delito.
«Tengo predisposición a sentarme a hablar con los chacareros, porque no es en contra de ellos, este es un tema administrativo del Estado y un compromiso que el gobierno actual asume en plena campaña electoral pero lo va a pagar la gestión que viene. Por eso tenemos que ver de qué manera afecta al gobierno que viene», reiteró.