El planteo de un acción de inconstitucionalidad contra la Ordenanza 4626 en sus artículos del 27 al 43, fue presentada por el abogado Leonardo Plasenzotti ante el Superior Tribunal de Justicia, en representación de las agencias de remises de la ciudad de Río Grande.
Consideran que los artículos para incrementar los controles sobre el servicio son violatorios de garantías constitucionales.
La ordenanza entre otros puntos busca garantizar el trabajo al menos de 8 horas diarias de cada vehículo, y que las patentes no están en manos de empleados públicos, precisamente a fin de garantizar la disponibilidad de ese horario para prestar el servicio.
Precisamente este último es uno de los puntos atacados por los demandantes que sostienen el municipio no tiene potestad de regular ello en el caso del servicio privado de remis.
Piden en ese sentido la inconstitucionalidad de la norma, a un mes de la declaración de inconstitucionalidad que resistieron respecto de la ordenanza que prohíbe Uber.