Así lo manifestó el dirigente y ex combatiente, Ernesto Alonso, quien se refirió a la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Río Grande sobre presuntas torturas aplicadas por oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas a conscriptos de la propia tropa durante la guerra con Gran Bretaña de 1982. Alonso criticó la lentitud con la que la Justicia maneja la causa ya que el caso lleva 10 años y aún no hay indagados.

Esto se da luego de que la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires, que preside el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se presentó ayer como parte querellante en la causa judicial tramitada en Río Grande.

En diálogo con el programa radial Va de Nuevo de Ushuaia, Ernesto Alonso, contó que durante el medio día de hoy “vamos a tener una audiencia con el Juez Calvete para hablar de esta causa que lamentablemente lleva 10 años y no ha tenido avances significativos. Esto es un reclamo de reparación de justicia para aquellos que fueron víctimas de violaciones de los Derechos Humanos durante el conflicto” bélico.

En ese sentido, detalló que hasta el momento “hay 105 hechos denunciados y 95 personas imputadas. Esto es algo impensado, había un enemigo real y lamentablemente estuvieron estos hechos”.

“La Comisión Provincial por la memoria se presentó como querellante” dijo Alonso, al tiempo que explicó que “la legitimidad de este reclamo es que el 50% de los ex combatientes residen en Buenos Aires donde una cantidad de unidades militares que participaban del conflicto tenían asiento”.

Tras eso, manifestó que “queremos saber qué es lo que esta esperando –la justicia- con tanta prueba incorporada al expediente” ya que “en el 2015 se produce un hecho muy importante, la desclasificación de los archivos secretos de las fuerzas armadas, son documentos oficiales que compañeros los revisaron al regresar de Malvinas”.

En esos documentos “se observa el plan de encubrimiento, imposiciones del silencio, el plan de inteligencia, las ordenes de los comandantes, entre otras cosas”, puntualizó el ex combatiente.

Expresó que “lo que tenemos es una necesidad de que nuestro pueblo sepa lo qué realmente ocurrió en Malvinas y lo qué ralamente ocurrió con sus soldados”.

Para finalizar, consideró que “esta demora es responsabilidad del juzgado de Río Grande que esta subrogando el juez Federico Calvete. El año pasado le solicitamos medidas, no tiene justificación alguna con la cantidad de pruebas cualquier causa estaría en otra instancia”.