Ayer se conoció el histórico veredicto de la Justicia Federal al dueño de la estancia San Justo y responsable del sometimiento por casi un año del peón de 44 años que vivió en condiciones paupérrimas por un año en estancia San Justo sin recibir paga alguna.

Ahora el condenado José Onofre Villarroel Soto, chileno de 63 años, enfrenta una demanda civil por más de 21 millones de pesos que se le inició por parte del peón E.M. de 44 años, salteño de origen humilde, quien llegó a la provincia en busca de un mejor porvenir económico.

Trabajando en Tolhuin es que conoce a Villarroel Soto, quien primero lo empleó para el desmonte de un terreno, cuestión que le pagó con demora y ante el pedido del demandante, para luego ofrecerle trabajo en la estancia San Justo como cuidador, con un sueldo de 20 mil pesos, vivienda y comida.

Ante su acuciante necesidad económica, E.M. aceptó y rápidamente las condiciones laborales cambiaron a 15 mil pesos mensuales (que nunca cobró) y las condiciones de vivienda y comida paupérrimas e inexistentes en el caso del sustento alimentario diario.

Ante ello la demanda civil que ahora hay contra Villarroel Soto es por “haberme ofrecido, captado, trasladado, recibido y acogido con fines de explotación, mediante engaño, fraude, violencia y/o amenaza, aprovechándose de mi situación de vulnerabilidad, todo ello con fines de explotación laboral”, señala la parte demandante.

“Me encontraba inmerso en un sistema donde existía un régimen disciplinario  que mantuvo doblegada mi voluntad y reforzaba mi sometimiento, no tenía dinero, movilidad, solo podía trasladarme si era con quien me tenía cautivo, lo que no hacía más que aumentar mi dependencia y limitar mi autonomía”, indica la demanda en el relato en primer persona de la víctima.

Pero el infierno vivido desde enero a diciembre de 2019 tiene partes más gráficas y explícitas respecto de lo que configuró el sometimiento y la trata; “cuando llegué a vivir en ese lugar, tuve que entregarle mi DNI, él me dijo que era para hacer un seguro, documento que nunca me devolvió”; dijo.

Incluso el explotador lo llevó a votar ese año, “cuando tuve que votar para las elecciones primarias, el Sr. Villarroel Soto me llevó en su camioneta, me dio el documento y cuando salí de votar me lo volvió a pedir, diciéndome que su contador lo necesitaba”. El DNI nunca le fue devuelto. 

Denigrantes condiciones de vida

El peón relata en la demanda, “la cabaña donde fui explotado, no tenía agua potable, ni luz, ni calefacción, ni gas, ni baño, solo había una salamandra, lo que pudo acreditarse en la causa”, dijo, agregando, “el agua para tomar y bañarme era de lluvia y tenía que juntarla en un tacho.  Y en el invierno, tenía que picar el hielo y esperar que se descongelara”.

“Lo que llamaba baño, era una especie de casilla que tenía un pozo, y nunca el Sr. Villarroel Soto me proveyó elementos de higiene”, expresó.

“Tampoco el Sr. Villarroel Soto me proveyó de comida.  La cabaña tenía una despensa pero los productos estaban todos vencidos, no eran aptos para que los consumiera. En ese tiempo tuve que alimentarme cazando guanacos y con lo que podía comprar con la “tarjeta social alimentaria”, que era lo que me decía el Sr. Villarroel Soto que hiciera, con la excusa que luego me repondría ese dinero, cosa que nunca hizo”.

Incluso E.M. relato que “en una oportunidad, debido a la nieve, cuando me encontraba levantando un poste del alambrado se cayó y me golpeó, sangrando durante cuatro días, hasta que pidió ayuda en el country vecino, ante lo cual señaló que Villorroel Soto lo reprendió.

Finalmente el 20 de diciembre de 2019, cansado de este calvario, pidió auxilio ante un móvil policial de la Brigada Rural que patrullaba la zona, quienes lo rescataron y llevaron a sede policial para radicar la respectiva denuncia que derivó en la causa por la que el explotador fue condenado ayer a 8 años de prisión.